Esta semana, el anteproyecto –que lleva el número 019-09-, fue presentado para su discusión ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados. La intención del oficialismo era debatir el artículo punto por punto, pero la discusión no avanzó más allá del primer punto, según consigna el diario panameño El Siglo. De acuerdo con el periódico, en la reunión estuvieron presentes José Raúl Mulino, ministro de Gobierno y Justicia, los diputados de la comisión, representantes de las empresas de telefonía y miembros de la sociedad civil.
Según diversos medios del país, Mulino también presentó un paquete de reformas al texto inicial sugeridas por los operadores de telecomunicaciones, entre ellos Cable & Wireless, Cable Onda, Claro (América Móvil), Digicel y Movistar.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, arremetió contra el argumento del oficialismo vinculado a la seguridad: dijo que de aprobarse el proyecto, “toda la población estaría sometida a causa de 11.000 detenidos”, y que sería más fácil instalar equipos inhibidores de llamadas en las cárceles. Uno de los argumentos de Mulino para impulsar el anteproyecto es que se busca combatir el crimen organizado, y que la mayoría de los delitos telefónicos se originan en llamadas desde los presidios. De hecho, el ministro aseveró que en el plazo de ocho días se secuestraron 300 teléfonos celulares que estaban en poder de reclusos.
Pero allí no se agotan las críticas al proyecto. Uno de los temores que suscita el texto es la posibilidad de que se avalen las escuchas telefónicas o “pinchazos”. En este sentido, se requirió la adición de un preámbulo que especifique que no se grabarán llamadas ni se revisará información de carácter personal.
También el Ministerio Público manifestó su disconformidad con tener que recurrir a un tribunal de Justicia para conocer la información de los usuarios de telefonía, según precisaron diversos medios. El texto actual del anteproyecto consigna que la información que conserven y registren los operadores de telecomunicaciones “será proporcionada al Ministerio Público al igual que aquellos organismos que actúan bajo su dirección así como a las autoridades jurisdiccionales, siempre que exista una autorización previa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, de acuerdo con el diario Hora Cero. Este periódico informa que el Poder Ejecutivo no hizo público aún el texto íntegro del proyecto.
Así, el debate no fue más allá de examinar un sólo artículo de un total de 18, de acuerdo con el diario La Estrella. De momento, se conoce que la discusión debería continuar a partir del próximo lunes en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados.
Fuente:Telesemana
